⛽ Cuando se corta el abasto de combustible a Cuba, se está afectando a todo el pueblo.

El transporte es uno de los sectores que más directamente recibe el impacto del desabastecimiento de combustible en Cuba”, afirmó este miércoles en la Mesa Redonda Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, quien detalló las afectaciones causadas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las acciones que se acometen para atenuarlas.

El titular explicó que la situación actual se expresa, más allá de las cifras estadísticas, en niveles de transportación que se encuentran entre los más bajos de los últimos años, lo cual tiene una repercusión muy grave en la vida cotidiana de la población y en el funcionamiento de la economía nacional.

“Sin combustible no se pudieron organizar los servicios de transportación de los estudiantes de las escuelas especiales. Sin combustible no se pudieran transportar los pacientes de hemodiálisis y otros que tienen que hacer tratamiento periódico para atender sus enfermedades”, ejemplificó el ministro.

Rodríguez Dávila subrayó que todas esas necesidades de transportación requieren energía y combustible, por lo que al cortarse el abasto de combustible a Cuba se afecta a todo el pueblo, a toda la economía y a todos los servicios básicos principales del país, tanto los que prestan las empresas estatales como los que prestan los operadores no estatales, que también necesitan combustible.

“Esa es la realidad. Es palpable cuando transitamos por las calles, la ausencia de transporte público, la disminución sensible del transporte privado también y las afectaciones que eso tiene en la vida cotidiana de los cubanos”, sentenció.

Antecedentes: Las medidas de febrero

El ministro recordó que, a principios de febrero, tras la ejecutiva del 29 de enero referida a combustibles y lubricantes, se informó un conjunto de medidas que los operadores principales se vieron obligados a adoptar, consistentes en disminución de servicios, frecuencias y reducciones.

En aquella ocasión, los organismos nacionales redujeron sus principales salidas a un 30 por ciento. Los ferrocarriles disminuyeron sus operaciones a un 50 por ciento. El ferry también se redujo a dos salidas semanales para la Isla de la Juventud. Los servicios interprovinciales sufrieron un impacto fuerte.

En los servicios locales, todos los territorios —que ya venían afectados desde años anteriores por limitaciones de disponibilidad técnica, combustible y lubricantes— sufrieron una afectación adicional en enero.

Posteriormente, y tras la directiva del primero de mayo que “prácticamente pone en manos del secretario de Estado y del secretario del Tesoro cualquier opción contra Cuba”, se anunciaron nuevas medidas. Rodríguez Dávila explicó que, para los servicios interprovinciales, una premisa fue tratar de respetar todos aquellos viajes para los cuales ya se habían vendido boletos.

Como todos los boletos se comercializan con 30 días de anticipación, los principales ajustes se planificaron a partir del 17 de junio, fecha en que se cumplen los 30 días desde que se adoptaron las medidas. A partir de ese día se aplican ajustes más severos que los implementados en febrero.

El ministro justificó la necesidad de estos ajustes al recordar que, ante un escenario de reducción del abasto de combustible, hay transportaciones que deben garantizarse de manera prioritaria, como las de las mercancías que arriban a los puertos.

“Diariamente se traen más de 300 contenedores al puerto de Mariel. Tenemos mercancía en los puertos principales de La Habana, de Santiago de Cuba, de Nuevitas, que son alimentos que hay que transportar hacia la población”, explicó.

Precisó que, si bien se pueden ajustar algunos servicios públicos hasta un 30 por ciento, la carga de los puertos no puede ser afectada porque de lo contrario los productos se apilan, se echan a perder y se generan sobrestadías, lo que agrava aún más el proceso.

Reducción drástica de frecuencias

En este nuevo escenario, donde se priorizan las cargas, se disminuyen las frecuencias de las salidas de ómnibus nacionales. Actualmente existe una salida diaria desde y hacia cada una de las cabeceras provinciales, pero pasará a ser solo tres veces por semana, lo que reduce aún más la capacidad de transportación interprovincial.

En el caso de los ferrocarriles, el ministro anunció que están obligados a reducir los servicios a una frecuencia de cada 16 días. Anteriormente los trenes salían cada cuatro días, luego se dispuso cada ocho, y ahora se ven forzados a extender el intervalo a 16 días.“Eso tiene un impacto fuerte en la oferta de capacidad de transportación estatal. Y digo estatal porque esta es a precios asequibles.

La transportación privada también se ha visto afectada por la falta de combustible, y los precios han sufrido una deformación grave”, advirtió.En cuanto a los vuelos nacionales, Rodríguez Dávila señaló que se habían comprometido a mantenerlos, pero una de las frecuencias hubo que cancelarla porque el operador que Cubana de Aviación utilizaba para los vuelos a España canceló las operaciones con Cuba, y esa misma aeronave cubría el tramo entre Santiago de Cuba y La Habana con frecuencia diaria. Ese servicio se canceló, aunque se mantienen otros vuelos nacionales con mucho esfuerzo, así como la operación de todos los aeropuertos y puertos.

El titular explicó que, ante la escasez, se concentra el combustible disponible en garantizar los servicios esenciales: los de salud nacionales y locales, los de hemodiálisis, los de las escuelas especiales y la transportación escolar.

Además, próximamente se tendrá que organizar, de conjunto con los organismos correspondientes, las transportaciones masivas que se realizan cada año al finalizar el curso escolar para el retorno de estudiantes y profesores, que implican movilizar a más de 10 mil o 15 mil personas hacia sus provincias de origen.

En la transportación local, los gobiernos, de conjunto con las direcciones provinciales de transporte, han organizado la priorización de la utilización de los medios eléctricos, especialmente los triciclos eléctricos que se han venido incorporando al tráfico, tanto estatales como no estatales.

No obstante, el ministro reconoció que la transportación local y la intermunicipal es “muy deficitaria”, con serios problemas de comunicación entre las comunidades, y en las zonas rurales la situación es aún peor. A ello se suma el deterioro de las vías, cuyo mantenimiento también requiere combustible.

Una de las medidas que ha generado mayor intercambio con la población a través de las redes sociales es la suspensión, a partir del 17 de junio, de las agencias de reserva y la APK Viajando.

Rodríguez Dávila justificó la decisión argumentando que la oferta de pasajes es tan reducida que existe el riesgo de que las personas con necesidades impostergables de viajar —por ejemplo, para asistir a un turno médico o atender una urgencia familiar— no puedan hacerlo porque los pocos pasajes disponibles serían acaparados en largas colas sin oferta suficiente.

Reconoció que esta medida conlleva riesgos, como la corrupción o la discrecionalidad de quienes tengan que decidir quién viaja y quién no. Por ello, anunció que se trabaja en un procedimiento, de conjunto con todos los gobiernos, para establecer una organización que minimice esos problemas.

“Lo ideal sería que nosotros no tuviéramos que vernos obligados a seguir reduciendo frecuencias, porque realmente entendemos que nadie viaja por gusto, todo el mundo viaja por una necesidad real de resolver algún problema personal”, afirmó.

Cuatro líneas estratégicas de trabajo

Rodríguez Dávila aseguró que el Ministerio de Transporte no ha comenzado a trabajar ahora en las medidas para enfrentar esta situación, sino que desde hace meses labora en varias direcciones fundamentales, aunque la dinámica creciente de las sanciones obliga a redoblar esfuerzos constantemente.

Primera línea: sustentabilidad financiera en divisa. Se han diseñado esquemas para que los diferentes operadores sean capaces de generar las divisas convertibles que requieren sus servicios. Desde el Ministerio se creó el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, que se nutre de los impuestos a la comercialización de vehículos, de ingresos propios de entidades del sector y de nuevos mecanismos de financiamiento. Este fondo permite sostener aquellos servicios públicos que no recuperan sus costos en divisa.

Segunda línea: sustentabilidad energética. Con los recursos del fondo se trata de garantizar combustible, aunque reconoció que no es a los mismos precios, ni en los mismos formatos ni volúmenes a los que el país estaba acostumbrado. Paralelamente, se trabaja en la transición energética hacia fuentes renovables, lo que requiere cuantiosos recursos financieros, pues no se limita a la electromovilidad, sino que incluye la instalación de fuentes de energía renovables para no recargar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Tercera línea: aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esto implica eliminar trabas, simplificar trámites, modificar políticas, reducir la burocracia y adoptar decisiones que sumen e incorporen a todos los actores —estatales y no estatales— y a la población, generando mejores condiciones para los servicios.

Cuarta línea: atención diferenciada a los asuntos sociales más sensibles. Se priorizan las necesidades del transporte vinculado a la salud, la educación, la movilidad de las comunidades más alejadas y de la montaña. Son servicios que requieren recursos que se gestionan centralmente.

Acciones concretas en marcha

El ministro detalló varias acciones ya implementadas o en proceso de materialización.

El Fondo para el Desarrollo del Transporte Público ya funciona y financia proyectos. Entre ellos, el servicio TRANSMED para la transportación de médicos, que, aunque insuficiente, presta servicios de manera estable con vehículos de combustión y eléctricos, y cuenta con estaciones de carga alimentadas por paneles solares fotovoltaicos. También se implementó el servicio funerario en La Habana, con paneles solares y acumulación, lo que le otorga total respaldo y estabilidad, aunque aún no se ha extendido a las provincias.

Se adquirieron 200 carros eléctricos para la hemodiálisis, que ya se encuentran en el puerto y están a punto de distribuirse por las provincias. Ya se realizaron las coordinaciones con la empresa eléctrica. Estos vehículos sustituirán parcialmente los que actualmente consumen gasolina, cuya disponibilidad es insuficiente. El ministro reconoció que la falta de combustible ha obligado a hospitalizar a algunos pacientes de hemodiálisis por la imposibilidad de trasladarlos.

También se adquirieron 20 ómnibus nacionales que contribuirán a mejorar la calidad de los servicios, ya que los actuales presentan frecuentes roturas. Los nuevos ómnibus permiten un mejor consumo de combustible y menores interrupciones.

Con apoyo de la industria nacional, se fabrican nuevos ecomóviles: 40 en Sancti Spíritus, y se iniciará la fabricación de 10 en Holguín.

Se construyen cuatro estaciones de carga en la Autopista Nacional, con todo contratado. En La Habana están financiados camiones con cajas ampliadoras para la recogida de desechos. En conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se financian pipas y equipos especiales.

El ministro reconoció que las inversiones en vehículos eléctricos enfrentan obstáculos significativos. Un ómnibus eléctrico cuesta más de 250 mil dólares, lo que limita el ritmo de avance. No obstante, ratificó la convicción del Ministerio de continuar impulsando proyectos de esa naturaleza, aunque el progreso sea más lento de lo deseado.

En el orden organizativo, Rodríguez Dávila informó que se flexibilizó el otorgamiento de licencias de operación de transporte para los triciclos que carecen de matrícula. Reconoció que la medida se quedó corta y que han recibido críticas al respecto, por lo que se realizarán ajustes adicionales para facilitar aún más el otorgamiento de licencias a todos los propietarios de triciclos eléctricos, que se han convertido en una importante alternativa de transportación de pasajeros.

Como parte de la implementación del nuevo Decreto Ley 114, se abrió la posibilidad para que las personas jurídicas no estatales puedan ensamblar vehículos en el marco de los proyectos que se establezcan al amparo de esta normativa.

El Ministerio está a punto de iniciar un nuevo censo para la legalización de vehículos. Se ultima el sistema informático y, de conjunto con el Registro de Vehículos, se instalan paneles solares en las oficinas de registro, debido a que los cortes eléctricos han obstaculizado el proceso. Próximamente comenzará el censo de vehículos armados por piezas para homologarlos y otorgar matrículas, poniéndolos en el marco de la legalidad.

Además, recientemente se aprobó una directiva que facilita a todas las entidades estatales la adquisición de medios eléctricos con sus estaciones de carga, destinados a las actividades que desarrollan y a sus funciones estatales, utilizando los recursos financieros que puedan generar por sí mismas.

Quejas de la población y llamado a la solidaridad

Uno de los principales motivos de queja es la APK Viajando y la imposibilidad de reservar pasajes. Rodríguez Dávila señaló que, si bien la oferta ha disminuido, también se observa en redes sociales una abundante oferta de pasajes vendidos a través de esa plataforma, lo que indica que “algo está pasando”. Por ello, la APK está siendo sometida a revisión.

Otra queja recurrente es que los vehículos estatales no paran en medio de la grave crisis del transporte público. El ministro hizo un llamado a todos los conductores de vehículos estatales a detenerse, apoyar y ser solidarios, y advirtió que se están promoviendo medidas severas contra quienes incumplan con este deber.

También se denuncian problemas de corrupción y maltrato por parte de algunos conductores en determinados servicios.

“Tenemos que reforzar la comunicación, y tratamos en todos los casos de atender lo que nos van diciendo, porque realmente ese es nuestro estilo, nuestra función, en el marco del programa de gobierno, atender aquellas cosas que el pueblo nos señala”, concluyó Rodríguez Dávila.